Un juez le ordenó al gobierno nacional vacunar con la segunda dosis contra el COVID-19 a un paciente oncológico

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Un juez federal le ordenó al gobierno nacional aplicar la segunda dosis de la vacuna china de Sinopharm contra el COVID-19 a un paciente oncológico que necesita estar inmunizado antes de iniciar la quimioterapia por el cáncer de lengua que padece desde 2016. Su médico le dijo que durante el tratamiento se reducen las defensas y quedaría más expuesto al virus. El magistrado dispuso que, en caso de ser necesario, sea considerado dentro de los grupos prioritarios del plan nacional de vacunación.

El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que en tres días se “arbitren los medios necesarios a fin de analizar y brindar una adecuada respuesta a la solicitud del Sr. Felipe Gelo atinente a que le sea aplicada la segunda dosis de la vacuna Sinopharm”, según su resolución, a la que accedió Infobae. El magistrado explicó que se está frente a un “gravamen cierto e irreparable” si no recibe la vacuna “en virtud de la grave enfermedad que padece y la particular situación en la que se encuentra”.

La historia es la de Felipe Gelo, de 59 años y ex combatiente en la guerra de Malvinas, quien en diciembre de 2016 fue diagnosticado con cáncer de base de lengua con metástasis de ganglios. Comenzó con quimioterapia y rayos pero tuvo metástasis en dos nódulos en el pulmón derecho y tuvo que iniciar un tratamiento de inmunoterapia hasta julio del 2019.

Continuó con quimioterapia y rayos quirúrgicos y en su último control de febrero pasado le aparecieron dos ganglios en el mediastino, lo que lo obliga, según el diagnóstico, a volver a hacer quimioterapia.

Frente a la pandemia, el oncólogo que lo trata le recomendó vacunarse contra el COVID-19. El médico le explicó que lo mejor era inmunizarse antes de iniciar el tratamiento porque durante el proceso sus defensas se reducirían, quedando inmunodeprimido y más expuesto a contraer el virus, sobre todo ante el exponencial aumento de casos que se registran desde hace un mes. Gelo no solo es persona de riesgo por su cáncer: es hipertenso, tiene arritmia por una fibrilación auricular, le colocaron tres stents y padece sobrepeso.

Se inscribió para recibir la vacuna en la provincia de Buenos Aires -vive en el partido de Merlo- y tuvo su primera dosis de Sinopharm el 8 de marzo. Le dijeron que 20 días después tenía que darse la segunda. Pero no lo llamaron. Se comunicó con el Ministerio de Salud de la provincia y pidió que le completen la inmunización por su particular situación, pero no obtuvo respuesta.

El abogado de Felipe Gelo
El abogado de Felipe Gelo

“Desde el momento en que no me conceden la vacuna o hace silencio a mi petición, están violando no sólo el derecho a la salud sino que también están poniendo seriamente en riesgo mi vida; derechos de índole constitucional”, planteó Gelo en el amparo que inició contra el Estado nacional para recibir la vacuna y así poder iniciar la quimioterapia.

Gelo fue representado por el abogado Jorge Monastersky, que señaló que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la salud de todas las personas. “No es necesario agregar más acerca del peligro ni irreparabilidad del derecho a la salud y calidad de vida que se procura proteger”, señaló al pedir que se dicte una medida cautelar para que de manera “urgente” se ordene la aplicación.

El juez Lavié Pico aceptó el planteo. Explicó que el objetivo de la causa “es evitar un daño irreparable que se originaría en la imposibilidad de que la sentencia sea dictada como corresponde o, más aún, que se tornara su ejecución en ineficaz o de cumplimiento imposible” y entendió que en el caso se cumplían los requisitos para dictar una medida cautelar a favor de Gelo.

“Ponderando a su vez razonablemente los derechos que estarían en juego, considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida peticionada en los términos que aquí se resuelve; máxime, frente al gravamen cierto e irreparable que invoca el demandante, respecto a que se encuentran en juego los derechos fundamentales que invoca en virtud de la grave enfermedad que padece y la particular situación en la que se encuentra”, resolvió.

Así, el magistrado le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación, y por su intermedio al de la provincia de Buenos Aires, que “en el plazo de tres días, provean lo conducente y arbitren los medios necesarios a fin de analizar y brindar una adecuada respuesta a la solicitud del Sr. Felipe Gelo atinente a que le sea aplicada la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, teniendo en cuenta los antecedentes clínicos acreditados, la enfermedad que padece y el tratamiento médico al que debe someterse, debiendo –en caso de corresponder– considerar al demandante dentro de los grupos de riesgo en la población objetivo priorizada a vacunar (las pautas establecidas en el “Plan Estratégico Para la Vacunación Contra COVID-19”) para la provisión y aplicación de la mentada vacuna”.

El Palacio de Tribunales (Foto NA: Hugo Villalobos)
El Palacio de Tribunales (Foto NA: Hugo Villalobos)

Otros casos

En el último mes se conocieron otros casos de personas que recurrieron a la justicia para pedir, por distintos motivos, la vacuna contra el coronavirus. La mayoría de las planteos fueron aceptados por los jueces.

Uno de los primeros ocurrió a fines de marzo cuando la Cámara Nacional Civil le ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que vacune a todas las personas internadas en instituciones de salud mental tanto públicas como privadas.

Lo mismo dispuso la jueza civil Agustina Díaz Cordero ante el reclamo del hermano de una mujer de 41 que padece autismo con deterioro neurológico severo. “La causante se encuentra internada en una residencia de larga estancia y posee una grave discapacidad que le impide a si misma comunicar cualquiera de los síntomas del COVID-19, lo que pone aun en mayor riesgo su vida frente a la mayor disponibilidad de enfermarse. Su estado es sumamente delicado y requiere, claro está, una especial atención por parte de quienes estamos llamados a proteger y garantizar sus derechos”, resolvió la magistrada en el caso que dio a conocer Infobae hace dos semanas.

En Mar del Plata, el juez federal Alfredo López le ordenó al gobierno nacional y al de la provincia de Buenos Aires que vacunen a una joven de 27 años con síndrome de down y que sufre cardiopatías, quien se inscribió para recibir las dosis. A pesar de ser paciente de riesgo, no fue convocada. “Si bien las personas discapacitadas con enfermedades han sido incluidas en el ´Plan estratégico para la vacunación contra el COVID-19 en la República Argentina´, las autoridades no han establecido fecha cierta de vacunación, aunque son personas que, tal como ha dispuesto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, gozan de una preferente tutela constitucional”, aseguró.

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Fuente: InfoBae

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